Mujer encarcelada después de rechazar la orden de demoler una casa ‘ilegal’ en la Andalucía española

UNA MUJER ha sido encarcelada después de no cumplir con una orden judicial para demoler la casa en la que ha vivido durante 15 años porque no cumplía con las regulaciones de planificación.

Rosario Sánchez Leal, residente de Conil, un pueblo encalado en la costa atlántica de la provincia de Cádiz, fue trasladada el lunes a una prisión en Puerto de Santa María luego de que un tribunal le ordenara demoler su casa o enfrentarse a arresto.

Su arresto provocó una protesta de los vecinos y de los propietarios afectados de manera similar y miembros de la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares de Conil (PAVIC), que se reunieron frente a la comisaría de la Guardia Civil el lunes por la mañana para exigir su liberación.

El grupo está circulando una petición exigiendo su liberación.

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El alcalde de la localidad ha expresado su “consternación” por la detención y ha pedido que se aclare el asunto de por qué ha sido encarcelada cuando en España es habitual que a los infractores primerizos se les suspenda la pena si son menores de dos años. años.

Juan Bermúdez, del partido Izquierda Unida (IU), dijo que había estado al tanto de la orden judicial contra Sánchez y había elaborado un informe con documentación de la Oficina de Urbanismo de Conil para que se desestime el caso y que la mujer salga de la cárcel.

“Mi informe no fue tomado en consideración”, dijo.

Sánchez es dueño de una de las 14 viviendas que tienen órdenes de demolición pendientes impuestas por los tribunales, pero se estima que hay 7.000 viviendas en el municipio de Conil que no cumplen con las normas de construcción.

La gran mayoría de estos se construyeron sin las debidas licencias en terrenos que no estaban clasificados para urbanizar, un problema común en toda Andalucía y que ha afectado a miles de propietarios expatriados.

Pero tras prolongadas batallas legales se han logrado grandes avances en la regularización de este tipo de propiedad gracias a los esfuerzos de grupos de presión como la AUAN, que ha luchado por legalizar las viviendas de cientos de expatriados en la comarca de Almería.

El abogado Gerard Vázquez, un destacado activista en AUAN, comentó sobre el caso en Conil y le dijo a The Olive Press: «Es impactante que las autoridades envíen a una mujer a prisión por negarse a derribar la casa donde ha vivido con su familia durante 15 años».

“Representa una nueva baja y sin duda horrorizará a aquellos miembros de la comunidad de expatriados y españoles en Andalucía que todavía luchan por regularizar sus hogares, como a mí”, dijo.

El caso más famoso involucró a la pareja británica Helen y Len Prior que compraron una villa completa con permiso de construcción de su ayuntamiento en Vera (Almería). Sin embargo, más tarde se consideró ilegal y la Junta lo derribó, ya que la licencia de construcción se había emitido en terrenos clasificados como uso agrícola únicamente.

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Len y Helen Prior perdieron su hogar y soportaron una década de batallas legales antes de obtener una compensación.

Pasaron 10 años de batallas judiciales antes de que la pareja de jubilados finalmente recibiera una compensación de € 236,000 del consejo de Vera en 2018, muy por debajo de lo que valía su casa, sin importar los enormes honorarios legales que pagaron luchando por ella.

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