Los residentes del área de Cabo Roig obtienen la promesa de un « gran avance » en una peligrosa batalla de puentes de una década en la Costa Blanca de España

A los PEATONES que han arriesgado la vida y la integridad física para llegar a las tiendas y las instalaciones médicas en Cabo Roig se les ha prometido un puente pavimentado dentro de dos años.

La promesa del Ayuntamiento de Orihuela parece ser el principio del fin de una larga campaña de vecinos para conseguir una pasarela en el puente CV-941 que cruza la AP-7 en la Costa de Orihuela.

El Ayuntamiento de Orihuela dice que esperan que la mejora esté lista para mayo de 2023, que también es el mes de las elecciones locales.

Planean apoderarse de una fianza financiera ofrecida por el contratista original para pagar el trabajo.

El concejal de Urbanismo de Orihuela, José Aix, afirmó: “Estamos totalmente comprometidos con solucionar este problema en dos años”.

El puente, construido en 2008, es utilizado por peatones porque es la única pasarela desde Lomas de Cabo Roig, La Cuerda o Lomas de Golf hasta las playas; el centro de salud local; y las tiendas de Aquamarina.

Solo hay un pequeño arcén en el puente con los automóviles que tienen que desviar a los peatones y ciclistas ya que hay poco espacio para pasar.

Los usuarios de sillas de ruedas y scooters de movilidad, junto con las personas que empujan un cochecito de bebé, encuentran la vida aún más difícil en el peligroso cruce.

El puente no tiene iluminación, lo que también aumenta las posibilidades de un accidente nocturno.

El ayuntamiento de Orihuela y los desarrolladores Urbana San Miguel, han hecho poco para resolver el problema en los últimos 11 años, a pesar de las grandes protestas que incluyeron alrededor de 600 residentes que cruzaron el puente en marzo de 2018.

Meses después de esa manifestación, el ayuntamiento concedió a Urbana San Miguel 15 días para elaborar un plan para poner en la pasarela o de lo contrario se haría con la fianza bancaria de 1,2 millones de euros que la promotora entregó al construir las urbanizaciones colindantes.

No hubo respuesta y el consejo retrocedió ante su amenaza.

Ahora el proceso ha comenzado de nuevo con el garante Bancaja notificado sobre la posible incautación de la fianza.

Una vez que el Ayuntamiento de Orihuela tenga el dinero, licitarán el proyecto del puente y obtendrán la aprobación del Ministerio de Obras Públicas, que supervisa los proyectos viales.

El grupo comunitario local, AVOCA, ha acogido con satisfacción la noticia, pero en un comunicado pidieron que se haga un trabajo inmediato, como instalar letreros de advertencia y alumbrado público junto al puente.


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